Granados y altos cargos populares podrían haber incurrido en un delito al mentir en la Comisión de Investigación de los espías

El Código Penal impone un año de prisión por engañar a una investigación parlamentaria

Una nueva amenaza se cierne sobre el Gobierno de Esperanza Aguirre. A la posibilidad de que haya existido malversación de fondos si se demuestran los espionajes políticos en la Comunidad de Madrid, se suma ahora el hecho de que altos cargos del Ejecutivo podrían haber incurrido en un delito si hubieran mentido ante la Comisión de Investigación sobre el caso en la Asamblea de Madrid. Y es que, Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior; Alejandro Halffter, viceconsejero de Interior y Sergio Gamón, director de Seguridad, se desmarcaron de la existencia de cualquier “tipo de espionaje ni seguimiento a cargos políticos”.
La pelota está ahora en el campo de PSOE e IU, que están estudiando llevar a la fiscalía las declaraciones de los cargos populares, según explica El País. Según el Código Pena, artículo 502.3, "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 6 a 12 meses".

¿Mentiras en la Comisión?
La investigación policial ha demostrado que los seguimientos a Alfredo Prada existieron, y que estos se realizaron por ex guardias civiles fichados por Granados como asesores. Ahora, todos miran a la declaración que tres de los agentes realizan como imputados, pero se ha abierto una nueva veta: el hecho de que los comparecientes en la Comisión de Investigación, cerrada bruscamente por el PP, pudieran haber metido, incurriendo así en un delito.

“Hacen falta dimisiones”
PSOE e IU, a través de sus portavoces en la Asamblea de Madrid han pedido que se reabra aquella comisión. Inés Sabanés cree que “hacen falta dimisiones” y exige que no se resuelva “de tapadillo y en verano” cambiando un par de consejeros. Ambos partidos están dispuestos a llegar a la Fiscalía con las posibles mentiras en la comisión, pero antes quieren escuchar qué dicen hoy los imputados en su declaración.

La negación de Granados
En su día, Granados se burló de que a la oposición le pareciese “tan raro” que los agentes “vayan de avanzada” y planteó el asunto como una cuestión de seguridad que ya existía con Leguina y Gallardón. Según el consejero de Aguirre, ellos no han realizado “funciones que no se hayan hecho” con aquellos gobiernos.

El cerebro en la sombra
Por su parte, Alejandro Halffter explicó: “Les puedo asegurar que desde nuestra consejería no se ha ordenado el seguimiento o se ha espiado a nadie”. Halffter es el viceconsejero de Granados, aunque para muchos es el cerebro en la sombra de la consejería de Interior. Un hombre puesto por el vicepresidente Ignacio González para no perder su cuota de perder en este apartado del Ejecutivo.

El guardaespaldas
Sergio Gamón, director de Seguridad y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, que le mandó fichar después de que ejerciese de guardaespaldas suyo en su época de presidenta del Senado, siguió la misma línea: “Que quede muy claro que nunca he ordenado, consentido o amparado ningún tipo de espionaje ni seguimiento a cargos políticos, ninguno”. El organigrama y las declaraciones de los agentes le colocan a él como responsable y jefe de los ex guardias civiles.