La inmensa bronca política sobre la subvención a Matsa y su uso partidario-electoral, son las razones por la que la información generada ha aparecido como una catarata de acusaciones y respuestas deslabazadas, en pro y en contra. Hoy publicamos las claves exactas que desmontan las críticas e imputaciones formuladas desde medios de comunicación próximos a la derecha y desde el propio PP, que quiere convertir este tema (nacido "casualmente" en plena campaña) en una cruzada política contra Chaves y en un ajuste de cuentas del pasado, siempre en clave partidaria.
Hoy, El Correo de Andalucía, aporta las claves básicas y bien fundamentadas para entender los argumentos a favor de la legalidad de la ayuda recibida. El periódico sevillano lo hace de una manera muy clara y gráfica. Según el prestigioso rotativo sevillano para la Junta, la subvención, no contiene «ni una irregularidad». Se apoya una inversión de 96 millones que creará 470 empleos. No se modificó la ley para beneficiar a la empresa y el nombre de Paula Chaves aparece una vez que el incentivo ya está aprobado. Este es el informe publicado hoy.
1) ¿Qué subvención pidió Matsa?
La empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) solicitó el 11 de octubre de 2007 tres ayudas diferentes a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Innovación, según figura en el expediente oficial. El primer proyecto consistía en la construcción de una rampa de acceso a la mina. El segundo en la construcción de un depósito. El tercero era un proyecto industrial de tratamiento del mineral. El 18 de octubre IDEA envía un escrito a la empresa y se le comunica que su perfil es adecuado y que podía ser elegible. Se avisa de la admisión a trámite de la ayuda, pero que no implica ningún otro compromiso. A partir de este punto, empieza el trabajo técnico.
2) ¿Se negaron ayudas?
La primera ayuda se rechaza en marzo de 2008, después de que surgieran dudas de que los trabajos de construcción de esa rampa estuvieran iniciados. IDEA comprueba que es así. El proyecto se desestima. El segundo proyecto está pendiente de resolución. La tercera propuesta es la que ocupa la polémica política. El representante legal de la empresa que solicita las ayudas, presente en todo el expediente, es Javier López Rubio, asesor externo al que posteriormente Matsa le retiró el contrato. Es el apoderado que tramita la documentación. La empresa también acude al Ministerio de Industria y solicita una sola ayuda para los tres proyectos. Es denegada porque las obras de la rampa están iniciadas.
3) ¿Se ha modificado la ley?
IDEA asegura que la subvención a Matsa se hubiera concedido bajo la orden de incentivos de 2005, 2007 o 2008. De hecho IDEA comunicó a la empresa que su proyecto es subvencionable según la orden de 2007. Se modifica porque la UE cambia el régimen comunitario de ayudas a las pymes y a proyectos de I+D. La orden anterior responde a un periodo de bonanza económica y la actual a una dura crisis. El cambio de la orden de incentivos se pacta con sindicatos y patronal en la concertación. Se introducen una veintena de cambios. Uno afecta al sector de la minería, para el que se acotan y elevan los requisitos. El artículo 4 de la orden de 2007 señala que “sólo serán incentivables los proyectos del sector minero que consistan en inversiones en labores de acceso a los yacimientos de las industrias extractivas con el propósito de iniciar su explotación”. La orden de 2008 eleva las condiciones y asegura que sólo se incentivarán proyectos de extracción del mineral si después lleva aparejado el tratamiento del mineral. Se busca limitar las ayudas a empresas que creen más empleos.
4) ¿Se benefició a la empresa?
¿Si el proyecto de Matsa era de tratamiento de mineral cómo se hubiera incentivado con la orden de 2007? Según IDEA porque no se considera proyecto minero sino como un proyecto industrial y como tal se etiqueta y se tramita.
5) ¿Cuánto tarda en resolverse la ayuda?
La ayuda a Matsa tarda en tramitarse un año y cuatro meses. El largo periodo se debe a que es un proyecto de gran envergadura y a que a la vez la empresa va completando sus permisos y superando duros requisitos medioambientales, según fuentes de IDEA. En ningún momento se paraliza el expediente ni le afectan los cambios legales que se están desarrollando, sostienen desde Innovación. En el otoño de 2008 ya están recopiladas todas las inversiones y se elabora una primera propuesta. Ese primer informe técnico está fechado el 4 de noviembre de 2008. La primera propuesta es del 5 de noviembre y propone conceder a Matsa una ayuda de 6,9 millones. Tras un intercambio de opiniones entre los técnicos de la gerencia provincial de IDEA y los servicios centrales, se advierte de que no se ha tenido en cuenta el gasto de la empresa en obra civil (por ejemplo en una carretera de acceso a la mina) y se avisa de que ese gasto Matsa lo puede incorporar a su expediente. La inversión de la empresa se eleva. El 8 de enero de 2009 IDEA hace una propuesta oficial con un incentivo de 10 millones de euros. El 13 de enero el Consejo Rector de IDEA aprueba esa ayuda. Como supera los 1,2 millones de euros, se envía al Consejo de Gobierno para que dote de eficacia el acuerdo y controle su legalidad. El 20 de enero el Consejo de Gobierno, presidido por Manuel Chaves, ratifica la ayuda.
6) ¿Cuándo sale en el expediente la hija de Chaves?
El 12 de febrero un técnico de IDEA llama a la empresa en un trámite formal para preguntarle quién va a aceptar el incentivo aprobado. Matsa, que tiene en ese momento ocho abogados apoderados, comunica que los administradores están fuera y que la abogada que va a firmar la recepción de la ayuda es Paula Chaves Iborra. Una anécdota, la persona que toma nota del nombre se equivoca y escribe Chávez, nombre que figura en el documento oficial. El 23 de febrero es la primera vez que el nombre de esta abogada, hija de Manuel Chaves, aparece en el expediente. Su empresa la apoderó en noviembre de 2008, pero en ningún momento interviene en la tramitación hasta esa fecha. Ella firma para decir que la empresa está de acuerdo con la subvención. El 25 de febrero de 2005 el director general de IDEA, Jacinto Cañete, resuelve de forma definitiva la ayuda. La empresa aún no ha cobrado ni un euro. Tiene hasta noviembre de 2010 para cumplir todos los requisitos por los que ha sido subvencionada. La empresa se compromete a una inversión de 95,9 millones de euros y a la creación de 170 empleos fijos y 300 eventuales.
7) ¿Hubo incompatibilidad?
La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, asegura (artículo 7) que “los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil”. Los servicios jurídicos de la Junta niegan que haya incompatibilidad. La ayuda, aseguran, se aprobó en el Consejo Rector de IDEA. El Consejo de Gobierno no aprueba sino que ratifica. El nombre de Paula Chaves no aparece en el expediente hasta después de concedida y aprobada la ayuda. En cualquier caso, la apoderada de la empresa –extremo que ratifica Matsa—no forma parte de la dirección, ni participa en los consejos de dirección, ni es accionista de la empresa. Chaves no tendría por qué haberse inhibido, aseguran.
8) ¿Prosperaría una demanda?
El PP ha asegurado que irá a los tribunales por vulneración de la ley de incompatibilidades. Según los dirigentes del PP, denunciarán los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nepotismo. El principal partido de la oposición no ha aclarado si la demanda será contra Chaves. Tampoco si será el PP el que la presente o si acudirá a alguna asociación que lo haga. Si la demanda es contra Chaves, cualquier tribunal ordinario debería de inhibirse y el caso iría al Supremo. Chaves es aforado como ministro. Los servicios jurídicos de la Junta sostienen que la denuncia no tendría “ni siquiera que ser admitida a trámite”, puesto que no hay “fisuras” en el expediente ni indicios de delito. Otras fuentes jurídicas aseguran que depende del juez que instruya el caso.
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