La Fiscalía pide dos años de cárcel para Fabra

Por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de dos años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, al que acusa de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial. Según el fiscal, Fabra habría acordado con sus socios falsificar documentos y certificados para conseguir el mayor número posible de autorizaciones del Gobierno para la comercialización de productos fitosanitarios que elaboraban empresas en las que participaba su mujer.
El presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, podría ser condenado a dos años de prisión por un presunto delito de falsedad en documentación oficial continuado. Es la pena que pide para él la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el político –que está imputado en media docenas de causas diferentes- acordó con sus socios en una fecha no concretada que presentarían documentación manipulada “si era preciso” para poder conseguir “el mayor número posible de autorizaciones” del Ejecutivo para la comercialización de productos fitosanitarios.

Sellos falsos para firmar informes técnicos
Dichos productos eran elaborados por dos empresas en las que participaba su esposa, Amparo Fernández, y la de su socio Vicente Vilar, empresario y también imputado por la misma causa. El Fiscalía entiende que ambos llegaron a fabricar “sellos y cuños”, que “fueron proporcionados” por Fabra, y que simulaban las firmas de empresas indias y chinas. Con ellos, el presidente castellonés simulaba “informes técnicos” e imitaba “documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China” que certificaban la buena calidad de los productos.

Cambio de las composiciones de los productos
El sistema utilizado supuestamente por los imputados consistía en cambiar sobre el papel la composición de las materias primas y firmar los análisis con las rúbricas y sellos de firmas falsificados. Los productos aprobados gracias a esta documentación falsa fueron comercializados durante más de dos años, hasta que en 2005 el Ministerio de Agricultura inició una investigación por la que halló indicios de la manipulación. Los productos dejaron de comercializarse en 2006.